En el sector Las Minas de la Comuna 18, el agua potable dejó de llegar a los hogares hace más de un año y medio. Allí, unas trescientas familias sobreviven entre promesas institucionales incumplidas y una escasez que altera cada aspecto de la vida diaria. Entre baldes vacíos, largas esperas y la solidaridad intermitente de los vecinos, la crisis golpea con rigor a niños y adultos mayores. Esta crónica documenta la realidad de una comunidad urbana que resiste al margen de sus derechos fundamentales.

El trabajo de los políticos es, precisamente, responder al bien común. Mientras la politiquería degenera, entorpece, a cambio de intereses individuales. Algunos concejales han sido muy juiciosos en su labor de acompañar a la comunidad. La han escuchado, le han dado visibilidad y, sobre todo, han propuesto soluciones al problema del agua en las laderas. Otros, como usted, solo se han dedicado a entorpecer los debates, a silenciar, a levantar las sesiones, y señalar desde sus curules.

El Decreto 1525 de 2026 se sitúa en el centro de una profunda disputa política y jurídica en Colombia. Mientras el Gobierno defiende la norma como una herramienta para garantizar la convivencia y proteger los servicios esenciales, la evidencia documentada en el informe del Comité de Expertos Ad Hoc y las acciones legales promovidas por la oposición y las organizaciones de derechos humanos coinciden en un punto crítico: la regulación de la protesta social no puede quedar a merced de decretos presidenciales de coyuntura ni de la discrecionalidad de la fuerza pública en la vía pública.

¿Cuándo podré volver a mi casa? ¿Es seguro volver a una torre con las escaleras agrietadas? ¿Por qué no a todas las personas les llegan las ayudas del gobierno? ¿Por qué no hay compromisos por escrito? Ese parece ser el día a día de las 1500 personas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto en Cali y que habitan el barrio Altos Santa Elena al sur de la ciudad.